La consulta popular realizada en Venezuela el 16 de julio de 2017, fue convocada por la Asamblea Nacional a instancias de los promotores de un trabajo intelectual titulado Proyecto país Venezuela reconciliada vía constituyente, desarrollado por el Movimiento Independiente Democrático (MID-ANCO).
La historia de esta consulta, deviene de la frustrada
intención de este equipo de la sociedad civil tachirense, por convocar desde la base misma de la
sociedad a un inédito proceso constituyente basado en los artículos 5, 70, 347,
348, 349 de la constitución del 99; Al no obtener el apoyo de los partidos
políticos del status quo, y ante el aprovechamiento por parte del régimen de
esta iniciativa para hacer lo que hicieron con su irrita convocatoria
constituyente, se abrió la posibilidad para, utilizando el poder de la gente y
las herramientas que brinda la bicha, obviar el parcializado Consejo Nacional Electoral
(CNE) y obtener la aprobación del pueblo
soberano de un mandato que permitiera reencausar la vida nacional hacia
derroteros de democracia y libertad, así, está constitucional jornada se
realizó en respuesta a la grave crisis por la que ya para la fecha atravesaba
el país.
Este proceso electoral se trató de un acto de rebeldía y desobediencia
civil, en el contexto de la aplicación de los artículos 333 y 350 de la CRBV,
en el cual se desconoce al CNE y al TSJ, debido a la «ruptura del hilo
constitucional» generada por ambos poderes, según a las declaraciones de la
Asamblea Nacional y del Ministerio Público de la época.
Los diputados opositores, aprobaron la consulta popular el miércoles 5
de julio de 2017 basándose en los artículos 5, 70, y 293.5 de la constitución.
Ante esta arremetida civil, pacífica y constitucional, el gobierno venezolano desconoció los
resultados de la consulta por considerarlos inconstitucionales.
Tibisay Lucena, la presidenta del CNE para el momento, sostuvo que el
proceso no tenía validez jurídica
El contralor general lo rechazó al sostener que "la figura del
plebiscito no aparece en la constitución"
Y el defensor del pueblo afirmó que los resultados no serían vinculantes
Aunque
parezca mentira la oposición que convocó, también desconoció el mandato emitido y en contra de
la voluntad del soberano, fueron a negociar en OSLO, lo que a su vez produjo un
quiebre entre la sociedad civil venezolano y los partidos políticos que aún se
mantiene hoy en día.
Mientras, por otro lado, numerosos gobiernos expresaron su apoyo a la
consulta y las naciones unidas instaron a que se respetaran los resultados.
Voceros
oficialistas denominaron el proceso como PLEBISCITO, sosteniendo que "no está
contemplado en la constitución", que el último proceso similar fue realizado
durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que los procesos electorales
deben ser realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
No
obstante, los voceros opositores afirmaron y mantenemos, que el proceso no fue
estrictamente electoral, por lo que no necesitaba ser realizado por el CNE, y
que el mecanismo de consulta popular está explícitamente contenido en el
artículo 70 de la constitución, y las funciones del
CNE según el artículo 293.5, no contemplan las consultas populares, ni las
asambleas de ciudadanos.
A las tres
preguntas de la consulta presentadas el día 6 de julio por la Mesa de la Unidad,
los venezolanos debían responder con «Si» o «No», con la intención de que los
resultados fuesen el primer paso para un cambio de sistema político en
Venezuela.
El comité
formado para el desarrollo del evento, denominado «Rescate por la Democracia», permitió
la participación de todos los venezolanos mayores de 18 años inscritos o no
inscritos en el CNE, dentro y fuera de Venezuela, solicitando solo la cédula de
identidad laminada (vigente o no) pasaporte (vigente o no), en caso de
no tener la cédula y ser mayor de 18 años para la fecha de la consulta, así no
estuviese inscrito en el Registro Electoral venezolano y sin importar cuál
fuese su centro de votación original.
Hoy, ante el desastre nacional en una Venezuela con servicios públicos deficientes, una inflación descomunal que pulverizó el valor de la moneda, un éxodo sin precedentes, y escasez generalizada de Gas, Gasolina, y miles de vicisitudes más, entre las que destacan la duplicidad y hasta triplicaidad de los organos del estado al poseer el pais, 2 Presidentes de la republica, 3 Asambleas legislativas, 2 Fiscales generales, 2 Tribunales Supremos de Justicia, y un Consejo Nacional Electoral nombrado irregularmente, nuevamente se pone en la palestra pública el tema de recurrir a la soberanía popular para restituir la institucionalidad de los órganos del estado, pero esta vez con las correcciones necesarias que hagan verdaderamente vinculante los resultados de una eventual consulta popular y además que se cuente con un gran apoyo internacional que no solo vigile el proceso, sino que además sea garante de que los resultados de la consulta a la voluntad de los venezolanos, se cumplan.
¿Aprueba Ud.,
el cese de las funciones de todos los órganos del estado, el nombramiento de un
gobierno de emergencia nacional y el llamado inmediato a elecciones libres? * ¿Sí o No?
* Se
declara de manera expresa la voluntad de la ciudadanía en el caso de no acatar
el mandato emitido en esta consulta, AUTORIZAR a que los países tomen las
medidas necesarias para liberar y socorrer al pueblo de Venezuela y detener la violación
de DDHH conforme a la doctrina de la ONU (R2P) y demás convenios suscritos por
el país.
La propuesta constitucional, pacífica, y electoral, es una alternativa que
permite a los ciudadanos y partidos políticos que se niegan a asistir al evento
electoral convocado, a que se manifieste realmente la voluntad de pueblo soberano.
Las
regiones proponen, los ciudadanos deciden, y los acontecimientos siguen y están
en pleno desarrollo.
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