2) Rechazamos las reiteradas amenazas del Presidente de la República y voceros del partido de gobierno hacia el mayoritario sector democrático de la sociedad venezolana, por persistir en la búsqueda de una solución pacífica, constitucional y electoral a la grave crisis de gobernabilidad que vive el País, constituyendo este gobierno el mayor escollo para el logro de la paz y el desarrollo de la República.
3) Rechazamos las medidas judiciales de prohibición de salida del país contra los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que tienen como finalidad criminalizar la disidencia e intimidar al sector democrático de la población, en flagrante violación del derecho de los ciudadanos a la asociación política previsto en el artículo 67 de la Constitución.
4) Rechazamos el atropello del gobierno contra la Asamblea Nacional constituida por los legítimos representantes de la voluntad popular expresada a través del sufragio y el empleo del poder judicial para impedir el ejercicio de las competencias legislativas y de control establecidas en la Constitución, favoreciendo la corrupción y despilfarro del patrimonio público.
5) Rechazamos la violación sistemática a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias contra dirigentes de la oposición democrática, que vulneran la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 49 de la Constitución y los Tratados Internacionales.
6) Rechazamos la actuación del gobierno, del poder judicial, del poder electoral y del poder ciudadano al margen del orden político, jurídico, social, económico y de organización del Estado establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha conducido a la pérdida de la institucionalidad democrática y sometido a la población a un estado de ansiedad colectiva agravada por la escasez de alimentos y medicinas, junto a una exorbitante inflación que pulveriza el poder adquisitivo de la moneda.
Ante éstas y otras violaciones al ordenamiento jurídico nacional, el MID hace un llamado a la sociedad civil para mantenerse en la búsqueda de soluciones pacíficas y constitucionales a la crisis nacional, evitando la confrontación entre venezolanos como lo pretende el gobierno y los voceros del partido de gobierno.
Invitamos a todas las estructuras de la sociedad civil, gremios profesionales, trabajadores, estudiantes, comunidades organizadas, Iglesias, sindicatos, organizaciones empresariales y comerciales, entre otros, y a los venezolanos dentro y fuera del país, a conformar una gran plataforma ciudadana por el restablecimiento de la Constitución, en ejercicio de la obligación que nos impone el artículo 333 del texto Constitucional.
Exhortamos a la Comunidad Internacional, a la OEA, a la ONU, al MERCOSUR, al grupo de Ex Presidentes y a la Iglesia Católica, a estar atentos del devenir de la situación venezolana, para evitar que continúen las acciones violentas y radicales que conduzcan a la ruptura del hilo constitucional y a una confrontación entre hermanos propiciada desde el gobierno, que de ocurrir, tendrá efectos devastadores sobre la población venezolana.
El necesario cambio de régimen que tiene que producirse, pues así lo quiere la mayoría de los venezolanos, ya no puede ser el resultado de una negociación entre el gobierno y algunos dirigentes políticos, por muy meritorios y respetados que éstos puedan ser, sino que tiene que ser producto de un amplio proceso popular canalizado a través de la Iniciativa Popular constituyente, cuyo objetivo es lograr que los representantes del pueblo electos libremente por todas las regiones del país y de sus fuerzas políticas, económicas y sociales, incluso las que medran del gobierno, sin exclusiones ni hegemonías, puedan en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por iniciativa popular, acordar un Pacto Social para la Reconciliación y la Gobernabilidad.
San Cristóbal, 21 de mayo del 2.016
E. Yudith Medina
Coordinadora Regional del M.I.D.
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