(tomado como aporte del trabajo intelectual del Libro del Movimiento Independiente Democrático del cual soy coautor.)
Se podrá implementar,
con base en el Capital Social a obtenerse con la práctica habitual de los
valores éticos y de confianza.
En estos valores se fundamenta la Cultura del Desarrollo
requerida, para lograr la Venezuela moderna, desarrollada, reconciliada y
democrática que TODOS merecemos y anhelamos.
La relación entre la verdad, la moral, la ética y la
confianza y el desarrollo implica diferentes tipos de valores y preocupaciones.
El Capital Social constituye el conjunto de recursos
intangibles, en el ámbito cultural, ético-moral, incorporados en el proyecto
que impulsamos para ayudar a que Venezuela logré realizar su proceso de desarrollo.
Estos valores, especialmente, la Ética y la Confianza son valores determinantes, considerados
medios e instrumentos idóneos, para
coadyuvar a obtener la Venezuela unida y
sostenible, en el tiempo y en el sistema democrático. Así lo expresa
Amartya Sen, (referido por Kliksberg, 2005).
Por tanto, un marco de principios éticos y valores morales,
potencialmente presentes en los venezolanos, bien pueden estar deliberadamente
incorporados, a la ejecución del proyecto, entre otros: Libertad, Confianza, Autonomía,
Verdad, Familia, Responsabilidad, Sinergia, Honestidad, Dedicación, Capacidad, Gobernabilidad,
Gobernanza, Vocación, Justicia, Transparencia, Dignidad, Solidaridad, Respeto, Amor,
Voluntad, Optimismo, Dedicación, Servicio, Calidad, Sentido de Asabiya, Pertinencia
y pertenencia al País Nacional.
Los principios y valores, en general, son así productos de
la evolución cultural de las comunidades venezolanas, referentes de
experiencias personales e institucionales y se enriquecen con los resultados de
sus aplicaciones en la Política u otros ámbitos de la sociedad nacional.
La aplicación adecuada e inteligente de ellos contribuye a
obtener capital social, ahorrar esfuerzos y controlar tensiones a la hora de
tomar decisiones en la vida social de Venezuela.
La Verdad y la Honradez como valor social del venezolano.
La verdad, como conducta y práctica de la voluntad y libertad
del individuo, es garantía del imperio de la justicia. De igual manera la
responsabilidad, la honorabilidad y la honradez son valores vinculados con el
ejercicio de la función pública.
El pueblo debe hacer suya la práctica de la verdad. Existe
la tendencia de la perdida de la credibilidad en el ciudadano, Gobierno e
Instituciones, lo que conlleva que ese ciudadano, generalmente el más humilde,
sea maltratado por el funcionario público al demandar la prestación de
servicios.
Es conveniente citar hoy más que nunca a Carlos Rangel,
cuando nos hablaba de: “la Mentira Constitucional…la apoteosis o colmo de esta
actitud consiste en intentar fundar
nuestra superioridad sobre los norteamericanos justamente en nuestra capacidad
de mentir y sobre todo de auto engañarnos;…”
Paz, O. (1950), refiriéndose a los latinoamericanos, no
vacila en afirmar que: “Mentimos por placer. La mentira posee una importancia
decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. Con
ella no pretendemos nada más que engañar a los demás sino a nosotros mismos. La
mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. De
ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso
de toda tentativa seria de reforma”
Nos proponemos,
exaltar la práctica y aplicación de conductas individuales y sociales en
defensa del honor, la honradez, la verdad y el cumplimiento de la
responsabilidad ciudadana e individual.
Se debe impulsar a la sociedad en establecer
constitucionalmente a la verdad como un principio moral y de conducta
obligatoria de todos los venezolanos. Asumir responsablemente el cumplimiento
del deber es garantía de bienestar y progreso.
El Presidente de la República, los Gobernadores de Estado,
el Fiscal General, el Contralor General, El Defensor del Pueblo y los
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deben dar el ejemplo, deben obrar
con la verdad frente a las responsabilidades particulares o públicas.
Proponemos que una nueva y necesaria Constitución incluya el
voto de censura y causal de destitución a quien utilice una mentira como base y
sustento político, para engañar al pueblo o para evadir responsabilidades.
El Juramento: Base
del Desarrollo Institucional del País.
El cumplimiento del deber exige rescatar la práctica de la
verdad y la institución del juramento como valores fundamentales de los
venezolanos de hoy, para lograr el imperio de la verdad, como ejercicio de
todos.
El funcionariado solicita y requiere cada día más requisitos,
“más papeles”, y así, es “el papeleo” la peor traba de la burocracia
administrativa pública. Como medida innovadora y de cambio profundo para
resolver esta situación proponemos establecer el Juramento ante las Oficinas
Públicas de Venezuela como documento de obligatoria validez y todas las
oficinas públicas tendrán la obligación de instrumentar el documento notarial
del juramento como derecho de los
venezolanos
Podríamos establecer el juramento como base del desarrollo
institucional del país y en función de ello, constituir en cada oficina publica
un funcionario con cualidad de Notario de Derechos Humanos, para facilitar la
gestión del ciudadano, como combate inequívoco que corrija la burocracia
ineficiente, inepta y corrompida.
Establecer la
Responsabilidad Pública no Compartida
La administración pública presenta un problema intrínseco
representado por la improvisación y las responsabilidades compartidas, todo lo
cual conlleva a un aberrante paralelismo de funciones sin responsables.
El pueblo no tiene a nadie a quien reclamar, los funcionaros
“eluden el bulto o le echan la culpa al anterior o a otros...”.Esto determina
que el elemento más común ante el deterioro de la administración pública
venezolana es la responsabilidad compartida, según la cual, nadie es
responsable de nada, por nada y además son otros los responsables, dado el
paralelismo de funciones que ha creado la burocracia, la irresponsabilidad y el
clientelismo.
Lo común en Venezuela se traduce en el simple ejemplo
cotidiano de que ante la existencia de un “hueco en una calle”, no hay a quien
reclamar, la Alcaldía dice “que es la Gobernación”, la Gobernación dice “que es
MINFRA o la Alcaldía”…, MINFRA dice “que es la Gobernación o que el Parlamento
no le asigno recursos”, el hueco persiste y nadie lo arregla y no hay responsable,
configurando así el gran desorden nacional en donde estamos actualmente
inmersos.”
Debemos establecer la responsabilidad pública no compartida
de modo que no haya actividad pública
sin responsable, para que el ciudadano sepa exactamente a quien dirigir su
justo reclamo y demande las sanciones a los daños y perjuicios que le
ocasionaren por la omisión, negligencia o incapacidad.
La Influencia de los
Partidos en las Instituciones Públicas.
La capacidad que tiene el partido de turno en el Gobierno
para nombrar y retirar personas de la Administración Pública es prácticamente
discrecional y el criterio utilizado no es usualmente la capacidad de la
persona, sino su militancia partidista, el parentesco o amistad con el jefe.
Cada vez que hay un cambio de gobierno los nuevos responsables de la conducción
del país se las ingenian para hacer cambios substanciales en las dependencias
públicas. Ello incluso se puede observar dentro de un mismo Gobierno cuando
ocurren cambios en las direcciones ejecutivas y grupúsculos partidistas se
apoderan de las Instituciones.
Pero es evidente que los partidos de turno en el Gobierno
Nacional y en los Gobiernos Regionales y Locales, no cuentan con suficientes
cuadros técnicos para hacer una labor eficiente y resolver los problemas de la
población.
Lamentablemente, un gran número de personas se dedican a trabajar en los partidos en busca de beneficios personales mediante el uso indebido de sus cargos en la Administración Pública. Este uso indebido, corrupto, abarca una amplia gama de situaciones que cubre desde la corrupción misma hasta la más completa ineficiencia en el desarrollo de la función del servicio público.
Democratización
Interna de las Organizaciones Sociales y Políticas.
Principio constitucional y básico de una nueva democracia debe ser, además de elegir o ser
electo, el de participar en la toma de decisiones que interesa al individuo o
la población. Para participar es vital organizarse, cada organización surge con
base a ideas o propósitos, a ella se adhiere el hombre, y surge el
hombre-líder, al que se oye, se sigue, es aquel en quien se valora el
conocimiento y dominio de la idea.
Las ideas, la lucha, la organización y la acción que se
desarrolla desde cada institución social, económica, política, o de cualquier
índole, va generando liderazgos, nuevas ideas, reformas y en fin cambios que se
demandan y que deben encontrar reglas y garantía de que sus principios y el
ejercicio democrático de alternabilidad de liderazgo, de conducción colectiva e
individual permita a otros en igualdad de condiciones aportar su talento,
esfuerzo y trabajo para el logro de los fines institucionales.
Para la democracia es obligante la alternabilidad del
ejercicio de dirección y la elección directa de sus candidatos o representantes
a cualquier cargo o en representación de la institución de los partidos,
sindicatos, cooperativas, colegios profesionales, asociaciones, fundaciones,
ONG, y en general en todas las instituciones de carácter social de sectores
económicos, políticos, sociales y culturales. Debe haber el ejercicio pleno en
cada una de estas instituciones de los principios de igualdad, alternabilidad,
pluralidad, honradez y la recompensa al trabajo productivo.
Las organizaciones sociales, políticas, económicas,
gremiales y culturales son unas de las bases sobre las que se fundamenta la
existencia de libertad y democracia plena. La aplicación de una transparente
democratización, a lo interno de estas organizaciones, es indispensable para el
sano y permanente funcionamiento de las mismas y para la consolidación de la
democracia.
Se propone el establecimiento de normas precisas que
determinen la obligación, de todas las organizaciones sociales, políticas,
económicas, gremiales y culturales de realizar procesos eleccionarios internos,
trasparentes, al menos cada dos años, a fin de garantizar la democracia interna
de tales organizaciones, so pena de extinción.
Una consulta popular
debe incluir una pregunta con relación a este tema, para establecer si el
pueblo está de acuerdo con la despartidización absoluta de todas las
instituciones públicas venezolanas para garantizar la ecuanimidad del ejercicio
de la función pública y el establecimiento del mérito y la razón como único requisito
para el ingreso y el ascenso del funcionario
Debe protegerse al pueblo de la persecución política
sistemática que se genera, violando sus derechos básicos y lo establecido en el
Artículo 7 del Estatuto de Roma, al crear listas de exclusiones
Para proteger los derechos de la ciudadanía es necesario establecer
una pena de perdida permanente de sus derechos políticos a quien estableciere
medios de manipulación o listas de exclusión o ejerza coacción, en contra de
los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado venezolano y sus
instituciones
El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y
Municipales deben garantizar que se observe absoluta neutralidad y
transparencia política en la conducta y desempeño de los funcionarios y
servidores públicos y de las personas que bajo cualquier forma o modalidad
contractual presten servicios al Estado.
Los ciudadanos deben estar en capacidad de expresar
libremente sus preferencias políticas y no deben ser manipulados ni
coaccionados para obligarlos a asistir a actos proselitistas. Deben
establecerse normas claras a este respecto que impliquen un castigo para los
violadores de las mismas.
Afectación de los
bienes públicos para beneficio político
La utilización de los recursos de las entidades públicas
para apoyar alguna candidatura o proceso político, es algo que debe detenerse
de una vez por todas.
La utilización de los recursos de los venezolanos, que son
los recursos del Estado, para apoyar actos y/o candidaturas políticas
específicas del oficialismo de turno, constituye una acción abusiva y criminal
Deben buscar e implementar formas definitivas de eliminar
este accionar ilegal que alcanza su máxima expresión durante los períodos
electorales
Se debe establecer la perdida de los derechos políticos a quien disponga, ordene, permita, use, pague o en modo alguno afecte u obligue los bienes, recursos financieros, los espacios públicos, y coaccione o manipule de cualesquiera forma o manera desde las instituciones u órganos de la administración pública con fines propagandísticos o publicitarios, electoreros y de beneficio político o personal.
Evitar que el poder
social sea impuesto y controlado por el gobierno
La descentralización consiste en otorgar la mayor
responsabilidad posible al nivel más bajo de gobierno, que es el nivel que está
más cerca de las personas a quienes se debe prestar un servicio público. El
intento de politizar y controlar los organismos más representativos de la
comunidad decidiendo todo lo atinente a ellos y especialmente el aporte de
recursos, invalida completamente las funciones de estos entes representativos a
nivel local.
A través del tiempo, en el país, los gobiernos de turno han
intentado tomar, muchas veces con éxito, todas las instancias de agrupación que
ha ideado la sociedad civil para su funcionamiento: como sindicatos, organismos
de agrupación estudiantil, colegios y gremios profesionales, gremios
empresariales, etc. Esta situación, es la corrupción de la actividad política
que debe ser sana y verdadera.
Dicha situación ha llegado ahora a su máxima expresión con
la politización de los órganos de base de organización de la sociedad civil
como son los Consejos Comunales, los cuales se hacen depender directamente de
la Presidencia de la República.
Otra Venezuela es posible y acá un pequeño aporte de los que
debemos impulsar fuertemente aferrados a LA
VERDAD, LA MORAL, LA ÉTICA Y LA CONFIANZA POR SER VALORES CIUDADANOS
DETERMINANTES
La Rebelión de las
regiones somos todos.
